Infojus Noticias

Mayo comenzó con un acuerdo firmado para reubicar un corredor en la calle 115 -desde 60 hasta 55 y las transversales que salen hacia 1- donde podría funcionar una “zona roja” en La Plata. Es dentro del bosque platense. Los firmantes fueron la municipalidad local, la Federación Argentina LGBT, la asociación civil Otrans y “Vecinos del barrio de Plaza Matheu, avenida 66 y calles aledañas”. Casi un mes después, los plazos del acuerdo están vencidos, la municipalidad suspendió la ejecución de las obras por la queja de dos colegios cercanos, los vecinos presentaron notas para que el convenio se cumpla y Otrans exige seguir adelante con la reubicación. Mientras tanto, las personas en situación de prostitución siguen donde estaban -en avenida 66, calle 63 y diagonal 73- expuestas al maltrato de las policías, entre otras violencias.

Otrans nuclea a más del 95 por ciento de las chicas trans y travestis que se encuentran en situación de prostitución. Nació al calor de los debates sobre la Ley de Identidad de Género y dentro de los claustros universitarios. En la carrera de Periodismo y Comunicación Social fue donde la ex estudiante y actual docente Claudia Vásquez Haro, se convirtió en la presidenta de la asociación que nacía. Para Vásquez Haro la reubicación “es una cuestión estratégica para destrabar un conflicto que se da en una zona donde la policía, a través de denuncias de los vecinos, no deja a las compañeras estar paradas en esas esquinas, las van corriendo y entonces ellas no pueden hacer el ‘trabajo sexual’”. El entrecomillado tiene que ver con su postura abolicionista de la prostitución, que convive con la de compañeras que buscan regular la actividad y con las que no tienen una posición tomada.

La reubicación fue la salida que las chicas trans platenses encontraron para “trabajar en la seguridad de las compañeras”, explicó Vásquez Haro. Porque ante las detenciones arbitrarias de la policía –por supuestos llamados al sistema del 911– y la violencia generada, creen que sin vecinos estarán más seguras.

Según lo firmado, el lugar debe contar con luminarias adecuadas, baños, gazebos para protegerse de la lluvia, expendedores de preservativos. Se definió un horario: de 19 a 6 en invierno y de 20 a 6 en verano. También se estableció que la comuna tiene que pagar cuatro sueldos a las compañeras” que trabajarán facilitando el acceso. El vínculo con la policía también será distinto: los uniformados que ingresen a la zona tendrán que tener formación para el trato con personas trans.

“Estamos trabajando para que se respeten y no se violen los derechos humanos de las compañeras”, dijo Vásquez Haro. Y agregó: “Se creará una cooperativa de trabajo gastronómico, porque queremos una política clara que no solamente trabaje en esta línea de defender, promocionar y fortalecer los derechos de las personas trans, sino de este lugar de la inclusión a través de un trabajo formal”.

El convenio en suspenso

Los plazos se vencieron porque tras la firma del acuerdo que establecía 15 días para la reubicación, la comunidad educativa de los colegios Albert Thomas y Nuestra Señora del Valle comenzaron a manifestarse en contra. Con este escenario, se convocó a una nueva reunión con autoridades del municipio, Otrans y los vecinos, en la parroquia de una de las escuelas. No fue fácil: hubo tensión, fue verbalmente violenta y no dejó nada en claro más que la suma de “discursos conservadores, prejuiciosos y discriminatorios”, además de un “no rotundo a la reubicación en 115 o en un lugar alternativo”. Desde Otrans propusieron como segunda alternativa: la zona de la calle 52. Pero también reclamó, en ese caso, el Club Hípico. Para Otrans la alternativa de un lugar aislado y oculto no es viable.

Días atrás Gustavo Luzardo, secretario de Control Urbano del municipio, llamó a Otrans para ver un nuevo lugar: la calle 120. La ONG rechazó la propuesta. “El lugar es horrible, oculto, dentro del bosque. Es un peligro”, dijo Vásquez Haro.

Paula Llorens integra la asociación vecinal. La postura de ellos –según señaló a Infojus Noticias- es exigir el cumplimiento del acuerdo. “Se presentaron notas al intendente, al presidente del Consejo Deliberante como para que se ocupen del tema y pidiendo que se lleve adelante el convenio”. Cada nota fue acompañada por las 1727 firmas que juntaron avalando la reubicación. “Si tenemos que iniciar acciones judiciales, las iniciaremos, pero queremos que se cumpla lo convenido”, afirmó Llorens.

Los argumentos de las autoridades de los colegios son para los vecinos “fácilmente rebatibles”. Porque si temen “el aumento de delitos”, el convenio implica la instalación de cámaras de seguridad y policías especializados. Respecto a la basura: el municipio se comprometió a tener empleados para que limpien. Si el problema es el horario, “se puede modificar”, explica la vecina.

“Nosotros –dice Paula– sabíamos que estas personas estaban vulneradas en sus derechos. Preguntábamos en el Consejo Deliberante ‘¿A cuántas personas trans van a contratar?’, y se quedaban mirando con la boca abierta”. La asociación vecinal también participó de la reunión en la parroquia con Otrans, la comunidad educativa de los colegios y el representante de la municipalidad: “Después de la reunión quedamos impresionados por el lenguaje discriminatorio”. De todos modos, son optimistas y creen que la municipalidad cumplirá con el acuerdo.

Razzias para travestis

El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió, con este panorama, convocar una mesa de trabajo “a partir de la vulneración de derechos producidos por parte de los/las funcionarios/as judiciales, estatales, agentes municipales y el personal policial a partir de detenciones masivas de personas trans y travestis en la denominada ‘zona roja’ de la ciudad de la Plata”. La semana pasada emitieron un documento donde denuncian allanamientos y la persistencia de “prácticas estigmatizantes y discriminatorias”.

En el mismo sentido se pronuncia Lohana Berkins, titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual: “No hay que desalentar el tema de las políticas públicas. El Estado debe estar presente, el intendente tiene que sentar a las compañeras, que no son muchas, generar una política y hacerse cargo del manejo de la policía. Lo único que va a desalentar la existencia de la prostitución es desmantelar el andamiaje y la arquitectura donde se cimienta esta situación”. Sobre la policía agregó: “El municipio tiene que sentar a las fuerzas policiales y hacerles entender que hay un gobierno con una fuerte concepción de derechos humanos”.

En la misma línea el Observatorio denunció que desde agosto de 2013 comenzaron las detenciones masivas de chicas trans y travestis en la vía pública “como una respuesta del gobierno local frente al reclamo de este grupo de vecinos que tiene amplia repercusión en la dirigencia política”. En las detenciones que suelen ser “sumamente violentas” interviene policías de la Bonaerense y agentes municipales. No se respeta la ley de identidad de género y son detenciones sin autorización judicial ni razones jurídicas que las justifiquen. Así, violan garantías constitucionales.

Para el Observatorio, la insistencia de la relocalización como la “única solución, significa invisibilizar la responsabilidad integral del Estado frente a la situación de vulneración de derechos en la cual se encuentra el colectivo trans y travesti. Más bien pareciera ser una medida tendiente a apartar de la mirada social a este colectivo”. Para Berkins, “la zona roja es un corralito de las pobres” y esta situación “contradice los avances que estamos teniendo en un gobierno nacional y popular en términos de derechos humanos”.

El final es aún incierto. El martes próximo habrá una nueva reunión con el municipio para encontrar una solución al conflicto.