Los diez condenados por el secuestro y desaparición de Marita Verón apelaron la sentencia en mayo. En el primer juicio fueron abueltos todos los acusados, pero luego se anuló y los condenaron en diciembre del año pasado a los condenados.
El tribunal que resolverá los recursos de casación planteados por los diez condenados por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón, ya está conformado. Al vocal René Mario Goane –único integrante de la Suprema Corte provincial habilitado para intervenir en esta etapa procesal– se le sumaron los camaristas Alicia Freidenberg y Alfonso Zóttoli, designados por sorteo.
Goane será el primero en emitir su voto sobre la sentencia que dictaron en diciembre de 2013 sus pares Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Antonio Estofán
Los integrantes del alto tribunal declararon la responsabilidad penal de diez imputados, proceso que completaron los camaristas Dante Ibáñez, Juana Juárez y Emilio Páez de la Torre, que fueron quienes fijaron el monto de la pena.
En mayo, los defensores de los condenados, presentaron una serie de recursos ante Casación. Los cuestionamientos más duros hacia el fallo condenatorio surgieron de Jorge Cáceres, defensor de José Fernando “Chenga” Gómez, condenado a 22 años, y los demás abogados se sumaron a la crítica. “La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo una valoración antojadiza, selectiva, parcializada y arbitraria de la prueba que existe en el expediente de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón”, expresó por entonces Cáceres en declaraciones periodísticas.
Para Carlos Garmendia, abogado representante de Susana Trimarco, lo que buscaban con esos dichos era prensa y para explicarlo se basó en dos argumentos: el primero, que ninguno de los defensores apeló el fallo que negó la recusación del juez Estofán; y segundo, que el fallo de la Corte está basado en argumentos jurídicos y no políticos. “Si los defensores creen que esto no fue así tienen que hacer lo que hicimos nosotros con el fallo de 2012: cuestionar a los jueces y hacer el correspondiente pedido de juicio político”, aseveró Garmendia. Y remató: “para eso primero, hay que tener razón”.
Marita desapareció el 3 de abril de 2002. Según la última sentencia, la secuestraron para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja.
En 2012 se realizó el juicio oral que terminó con la absolución de los 13 acusados, determinada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
Luego de la sentencia de absolución de 2012 que dejó a los 13 imputados en libertad, los querellantes presentaron el recurso de Casación ante la Cámara Penal, que fue aceptado y derivó en el fallo de la Corte tucumana —a cargo de los jueces Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Sbdar— que revisó, anuló y condenó, primero, para que después otro tribunal —este conformado por Dante Julio José Ibáñez , Juana Francisca Juárez y Emilio Páez de la Torre, en disidencia— fijara penas de entre 10 y 22 años. Por la necesidad de establecer lo que se llama “doble conforme”—como hay una absolución y después una condena— se abrió una nueva instancia de Casación. Ahora la Corte tucumana conformó un nuevo Tribunal con los jueces Goane, Freidenberg y Zóttoli. Una vez que haya sentencia en esta instancia, solo restará el recurso extraordinario Federal para dar por terminado el extenso proceso judicial por la desaparición de Marita Verón.