Lo dijo a Infojus Noticias Enrique Senestrari, el fiscal de la causa que investiga en Córdoba la complicidad entre uniformados y bandas narco. La trama es compleja y ya tiene nueve imputados: ocho son policías. “La causa es más grande de lo que parecía", reconoció el funcionario judicial.
La causa de los narcopolicías cordobeses va directo a convertirse en una megacausa judicial. Su dimensión física no se puede cuantificar en fojas. Hay una causa central por asociación ilícita y decenas de causas satélites con expedientes separados. En todas ellas hay un nombre en común: Juan el Francés Viarnes, el hombre que a través de un programa televisión y con sus testimonios antes la justicia dejó en evidencia la complicidad entre los policías y el narcotráfico. “Es posible que en la medida que avance la investigación se produzcan nuevas imputaciones y detenciones, como una consecuencia lógica de esto”, dijo a Infojus Noticias Enrique Senestrari, el fiscal de la causa.
“La causa es más grande de lo que parecía. Hay mucho para ver y buscar. Destapamos una olla, encontramos algo pero sabemos que hay mucho más” dijo Senestrari.
A diario en los tribunales cordobeses reciben declaraciones vinculadas a la causa. Hay testimoniales espontáneas de personas que se presentan solas, porque creen que tienen algo para decir, y otros que llegan acompañados de sus abogados. “Hay que tener cuidado porque también vienen oportunistas a embarrar la cancha”, advierte el fiscal. La investigación de la justicia cordobesa es enorme. “Va a ser un poquito más lenta de lo que me gustaría que fuera”, dijo Senestrari para explicar el tiempo que demora el cruce de datos y nombres y el análisis de todas las pruebas documentales que se recabaron hasta ahora.
“Estamos clasificando todo el material. Son tres años y medio de trabajo de la policía que estamos investigando. El primer hecho data de 2010”, aclaró el fiscal. En el marco de la causa hasta la Jefatura de la Policía y la división drogas de la fuerza fueron allanadas por pedido de Senestrari y orden del juez Ricardo Bustos Fierro, que interviene en la causa.
El caso que involucra a policías y narcotraficantes salió a la luz en julio de este año, cuando allanaron la casa de Viarnes, acusado de comprar un auto de lujo con dinero falso. Le encontraron 340 mil dólares truchos. Rápidamente, la causa se convirtió en un escándalo político: Viarnes pidió declarar como “arrepentido” y contó que había trabajado durante tres años y medio como agente encubierto en la Dirección General de Drogas de la policía cordobesa. En un programa de televisión, relató que las fuerzas de seguridad locales armaban causas con droga incautada, con la que también le compraban información a los narcos.
La trama es compleja y ya tiene nueve imputados, ocho de los cuales son efectivos de la policía cordobesa. Entre los cinco detenidos está el titular del área, el comisario Rafael Gustavo Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello; los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio. Por el escándalo que sacude a la provincia gobernada por José Manuel De la Sota ya renunciaron el ministro de seguridad, Alejo Paredes y el jefe de la policía, Ramón Frías.
En medio de acusaciones cruzadas también hubo lugar para un suicidio y un mensaje mafioso. El sábado 7 de septiembre, tres días después de la difusión televisiva del caso, el oficialJuan Alós apareció muerto de un tiro en la cabeza en la cabina de su auto, estacionado en una ruta del interior. Dejó una carta pidiendo que limpien su buen nombre y honor. Había sido nombrado por Viarnes en el programa.
En su entierro, en el cementerio de Alta Gracia, el discurso de Ramón Frías –por entonces en su cargo- fue, cuanto menos, polémico. Minutos antes se había mostrado a los abrazos con Sosa, quien acababa de ser apartado de su cargo al frente de la división drogas. Hasta allí se había trasladado la cúpula completa de la policía. Daban un mensaje claro: estaban unidos frente a la investigación que se cernía sobre ellos. Menos de un mes después, ya no lo están tanto.