Infojus Noticias

El fiscal del tercer distrito de la ciudad de Córdoba, Raúl Garzón, dispuso la prisión preventiva a más de diez imputados por los saqueos ocurridos en los primeros días de diciembre en la capital provincial. Los detenidos ya son más de cuarenta y continúan los allanamientos para ubicar los efectos robados y acumular pruebas. El fiscal seguirá a cargo de todas las causas por saqueos durante la primera mitad de la feria judicial de enero.

Instruido por la fiscal general María Marta Cáceres de Bolatti, Garzón seguirá trabajando sobre las excarcelaciones y órdenes de detención. Entre las tareas más demandantes, el fiscal avanza con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas más caóticas de Córdoba, entre el 3 y 4 de diciembre. En las redes se volcaron imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones despreocupadas.

El fiscal aseguró a Infojus Noticias que “los saqueos no van a quedar impunes”. Aunque el período de instrucción de las causas promete durar varios meses, el trabajo es exhaustivo y arroja novedades continuamente. La investigación tuvo un comienzo contundente con la detención inmediata de cerca de doscientas personas. Luego fueron otorgándose excarcelaciones y se evaluó cada situación. La mayor cantidad de causas están caratuladas como “robos calamitosos”, “encubrimiento agravado”, “agresiones” y “daños calificados”. Para las diligencias y el procesamiento de imágenes se trabaja con la colaboración de la policía judicial.

Además de las declaraciones indagatorias, el fiscal también analiza la información recopilada a partir de llamados anónimos al 0800, habilitado para aportar datos a la investigación. El número 0800-888-3368 sigue abierto para que “todo ciudadano que tenga conocimiento del accionar de cualquier persona, involucre a quien involucre, será escuchado telefónicamente”, ratificó Garzón.

En cuanto a la participación, incitación o coordinación de los saqueos por parte de policías de la provincia, Garzón fue cauto: aunque aún no hay ningún policía detenido, el fiscal afirmó que “se trabaja en todas las hipótesis”. Y agregó: “si le cupo a la policía algún tipo de vinculación con los hechos, vamos a avanzar con eso”. Buena parte de las investigaciones pasan por conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad, y por eso Garzón puede decir que “se está monitoreando todo lo que ha sido el accionar policial”.
Preventivas

La justificación jurídica de las medidas precautorias de prisión preventiva para más de la mitad de los casi ochenta imputados es novedosa y tiene cuatro pilares fundamentales. El punto más novedoso es una apreciación del fiscal que fue trasladada a la valoración jurídica: “el obrar en la conducta delictiva también me hace presumir la conducta esperable de esa persona durante el proceso judicial: si en una noche de caos y descontrol, con todos librados a sus propias pautas, estas personas delinquieron y no respetaron la ley ni los bienes, por qué voy a confiar en que esa persona va a esperar sentado en una sala de audiencias a un juicio donde se le puede presentar una pena de prisión elevada”.

Garzón destacó que el pronóstico de las penas pasa a ser elevado por el hecho de que se trata de conductas delictivas que se alejaron de todo tipo de necesidad. “Se llevaron bienes de segunda y tercera necesidad, electrodomésticos y demás, no se trata de alimentos ni necesidades básicas”. Consideró que, por el encuadre típico de las conductas que se juzgan, “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo”. Se tiene en cuenta que los imputados delinquieron a cara descubierta, ante todo el público y “mostrando el camino del delito” a las víctimas y niños, “desatando una especie de guerra de todos contra todos” y despreciando las reglas básicas de convivencia social.