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El juez Juan Carlos Curto aceptó el pedido realizado por la defensa de Carlos García -el gasista que hizo los trabajos de reparación en el edificio de Salta 2141 previo a la explosión- para que amplíe su declaración indagatoria. El hombre, acusado del delito de “estrago doloso” por la muerte de 21 personas, aguarda en una celda de la comisaría 3ª de Rosario que la Cámara Penal resuelva su situación. “Por su edad y su delicado estado de salud debería por derecho gozar del estado de libertad”, dijo el abogado Hugo Buffarini a Infojus Noticias.

En su primera declaración indagatoria, al día siguiente de la explosión, el gasista habló durante dos horas ante el juez Curto y la fiscal Graciela Argüelles. “Se explayó en general: relató su actuación desde que fue contratado para hacer el trabajo en el edificio”, indicó su abogado. “Hay algunos datos que deben ser aclarados”, agregó Buffarini. Ayer la defensa solicitó una ampliación de la declaración que ya fue aceptada por el magistrado.

García está acusado del delito “estrago doloso” por la muerte de 21 personas y lesiones de más de 60. En la seccional de Dorrego al 100, a tres cuadras de la zona del desastre, recibe la visita de su mujer y sus cuatro hijos. Aguarda que la Cámara Penal resuelva la apelación presentada por su defensa contra la decisión del magistrado, que le negó la excarcelación. “Es un hombre de 62 años que vive del oficio. Tiene problemas de salud y está en estado de depresión. Por su edad y su delicado estado de salud debería por derecho gozar del estado de libertad”, dijo Buffarini.

Para el abogado en la investigación “quedó absolutamente formalizado que hubo una larga cadena de situaciones previas e irregularidades que desembocaron en esta tragedia”. “Antes de la actuación del gasista hubo participaciones en no menos de tres oportunidades de inspectores de la empresa Litoral Gas. Hubo un trabajo realizado en las instalaciones de gas por otro gasista matriculado”, agregó.

Curto ya le tomó declaración informativa –un punto intermedio entre la indagatoria y la testimonial- a varios directivos de la empresa Litoral Gas y ordenó una serie de pericias que realizarán técnicos de Gendarmería y la Policía Federal. “Las instalaciones de gas del edificio tienen muchísimos años de antigüedad, son de la década del 70. Las válvulas, los reguladores y las llaves nunca fueron reemplazadas ni controladas”, sostuvo Buffarini.

Además, el juez espera el informe solicitado al Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) sobre las responsabilidades del concesionario en la distribución del servicio y los análisis de la documentación secuestrada ayer en la sede de Mitre y San Lorenzo de la empresa privatizada. El juez explicó que se trata de “material informático” en el que se buscan “datos sobre registros de reclamos y solicitud de inspecciones hechas por los clientes".