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La Justicia rechazó la denuncia penal de los diputados nacionales del PRO contra los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales que suspendieron de su cargo al fiscal José María Campagnoli. El fiscal federal Ramiro González se pronunció a favor de desestimar y archivar la denuncia contra los jurados. Lo hizo al considerar que no se cometió ningún delito en el trámite que derivó en la suspensión de Campagnoli.

Días atrás, el juez contencioso administrativo federal Pablo Cayssials rechazó reponerlo en el cargo hasta tanto se realice su juicio político. La denuncia fue realizada ante el juez federal Luis Rodríguez por los diputados del PRO Patricia Bullrich, Pablo Tonelli y Cornelia Schmidt Liermann por abuso de autoridad, prevaricato y cohecho contra cuatro de los siete integrantes del Jurado que votaron por suspender a Campagnoli hasta la realización del juicio político.

Los diputados denunciaron al representante del Poder Ejecutivo en el Jurado, Ernesto Kreplak; al de la  Procuración General, el fiscal Daniel Adler; el del Senado, Rodolfo María Ojea Quintana; y a la defensora general de Menores María Cristina Martínez Córdoba.

A Campagnoli le imputan no haber investigado un caso de administración fraudulenta contra Federico Elaskar y transformar el objeto procesal de esa causa para avanzar con una pesquisa paralela, a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán.

Campagnoli fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales en una causa en la que está acusado de presunto mal desempeño de sus funciones en un caso  en el que investigaba al empresario Lázaro Báez.

El fiscal fue enviado a juicio político por una comisión evaluadora, a instancias de la procuradora General Alejandra Gils Carbó, por haber modificado el objeto de la causa en la que Báez pasó de denunciante a imputado, lo que significa una violación a las reglas procesales, según la acusación contra el fiscal. Entonces, Campagnoli denunció una persecución por investigar a Báez y pidió a la su restitución en el cargo.

Otra de las imputaciones se refiere a la utilización arbitraria de los recursos a su cargo. “El fiscal involucró en su investigación a la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD). Cualquiera sea el objeto procesal que pretendiera investigar —administración fraudulenta, extorsión o lavado de activo— era claro que no se perseguía una hipótesis de autores ignorados, de modo que la intervención de la SIPE fue injustificada”, señala la acusación.

Los reproches contra Campagnoli también incluyen la violación de secretos. De acuerdo con la acusación, el fiscal habría facilitado inmediatamente a medios de comunicación los dictámenes por él presentados en la causa, con el riesgo evidente de frustrar las medidas allí solicitadas. En palabras del Consejo, “los fines de tal difusión se encuentran en pugna con el de lograr el éxito de una investigación criminal, porque si se difunde a la prensa un dictamen donde se anuncian cuáles son las medidas a realizarse fácil es colegir que los imputados tomarán noticia de eso y arbitrarán los recaudos necesarios para que no se pueda descubrir lo que estas medidas pretenden”.

Ricardo Gil Lavedra, defensor de Campagnoli, había pedido a la Cámara la restitución de su defendido hasta que se realizara el juicio político en su contra. Pero González solicitó el archivo de la denuncia, al considerar que el proceso que terminó con la suspensión de Campagnoli fue absolutamente normal y que incluyó todos los pasos procesales previstos.