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La subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Florencia Carignano, cerró el “Encuentro regional para el intercambio de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia”, de la UNASUR, en el auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería argentina. Para culminar la segunda jornada del congreso, la funcionaria enfatizó que “la política de acceso a la justicia es una política pública de inclusión que va mucho más allá de la jurisdicción: es justicia social y se construye desde el territorio”.

La subsecretaria sostuvo que “hay que conocer las distintas realidades de la gente y estar ahí, luchando para que los derechos lleguen a los más necesitados”. El encuentro sucedió en el marco del “Consejo suramericano en materia de seguridad ciudadana, justicia y coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional”, a cargo del uruguayo Jorge Maqueira Sosa, que detenta la presidencia pro témpore del órgano.

Carignano resaltó que cuando elaboró la propuesta del encuentro junto a Sebastián Rey, director nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales -a cargo de la promoción del evento- pensaron que la UNASUR sería el mejor marco para dar esta discusión. Y resaltó que “si lo hubiéramos pensado hace poco más de diez años, estaríamos en Washington tratando de decir lo que los norteamericanos hubieran querido escuchar a cambio de unos cuántos dólares destinados a políticas que nada tendrían que ver con nuestras necesidades”. Y cerró: “Porque eso fue el Consenso de Washington”.

Carignano destacó que los gobiernos de este espacio de integración regional “se parecen a sus pueblos”, parafraseando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que “por ese simple hecho podemos decir que esta es una década ganada: porque los presidentes están poniendo todo el Estado a disposición de sus pueblos”. El auditorio estalló en su segundo aplauso. El primero había sido minutos antes, cuando suscribió las palabras de los delegados venezolanos, que antes de comenzar sus exposiciones, hicieron fervorosas defensas del orden constitucional de su patria y del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de Nicolás Maduro.

“El mundo está al revés”

Carignano hizo un breve repaso por los distintos ejes del encuentro, atendidos en su mayor parte por oficinas del Estado, entre las que se destacan las propias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Subsecretaría de Acceso a la Justicia hasta hace poco tiempo tenía el rango de dirección, pero “la jerarquización de esa política se dio por voluntad expresa del secretario Julián Álvarez y de la presidenta de la Nación”, explicó. La subsecretaria destacó que ese paso se dio también por el crecimiento de las áreas de las direcciones de Mediación y el Sistema Argentino de Información Jurídica (Infojus), y felicitó la labor de las directoras María Paula Pontoriero, Débora Oliva y de Mabel Remón -coordinadora del Programa de Asistencia para las Personas con Discapacidad-.

Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, aseguró en el mismo panel que “el acceso a la justicia es todo, y no hay área del Ministerio, por más técnica que parezca, que no esté atravesada por el acceso a la Justicia”. Y agregó: “Es una política de Estado”. Recordó que 15 años atrás asistió a una jornada en el mismo auditorio, pero en el marco de un diálogo bilateral con la Embajada de Estados Unidos. “Hoy celebro volver a este salón y que seamos los hermanos de nuestra región los que nos hacemos fuertes para trabajar en nuestras debilidades y fortalecer nuestras virtudes”.

El representante de la Secretaría General de la UNASUR, Pedro Sassone, destacó la capacidad de respuesta del espacio de integración regional ante los problemas esenciales de Sudamérica y anunció que antes de fin de mes estará en plena vigencia el protocolo adicional al Tratado Consitutivo de la Defensa de la Democracia que se impulsó como reacción al intento de golpe de Estado en Ecuador. “Uruguay fue el noveno país en ratificarlo en su parlamento, y ahora hay una estructura que blinda a las democracias de Sudamérica”, celebró.

“El mundo está al revés” continuó Sassone, que denunció que las potencias del globo “nos estigmatizan y denuncian”. Defendió la gestión de los gobiernos de la región explicando que “mientras en Sudamérica hablamos de ampliación de derechos y de un Estado presente, en otras latitudes hablan de exclusión y desconocimiento de derechos”. Concluyó que “estamos transitando otra historia, pero para trabajar en su institucionalización debemos valorarla”.

“Apuntar a lograr la inclusión social y la construcción de ciudadanía”

Jorge Maqueira Sosa, a cargo de la pesidencia pro témpore del Consejo especializado, participó de los dos últimos paneles del encuentro. En el anteúltimo, reemplazó a su compatriota Romero Rodríguez, embajador itinerante de la Unidad Étnico-Racial de Uruguay. “Nuestros gobiernos apuntan a lograr la inclusión social y la construcción de ciudadanía”, evaluó. Enfatizó la necesidad de trabajar en la aplicación del concepto amplio de acceso a la justicia en todos los ámbitos de la sociedad civil. Ejemplificó que “en lo académico se siguen refiriendo al acceso a la jurisdicción”.

“La política de memoria, verdad y justicia incluye la recuperación de la memoria de los pueblos originarios”, afirmó Carlos Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos en la mesa que debatió sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Alertó que “la esclavitud sigue sucediendo con la trata de personas, una temática cuyo tratamiento está en la agenda de este Gobierno”.

Nelson Cox Mayorga, director de Justicia Indígena Originaria de Bolivia, trajo la vasta experiencia del gobierno de Evo Morales en el reconocimiento de la justicia de los pueblos originarios en su país, que hoy goza de paridad junto a la jurisdicción ordinaria. Alexandra Córdoba, del viceministerio de Participación e Igualdad de Derechos de Colombia, explicó que el reconocimiento a los pueblos originarios y a los afrodescendientes en su país lo realizó la Constitución política de 1991. Allí los pueblos originarios tienen una jurisdicción especial, pero no así los afrocolombianos, que representan un 10 por ciento de la población.

“La asistencia a personas con discapacidad no es un privilegio sino un derecho”

Mabel Remón, a cargo de ADAJUS, describió la experiencia del programa de asistencia para las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración de justicia, y afirmó que “queda mucho por hacer”. Contó por ejemplo que muchos procedimientos que involucran a personas con discapacidad violan las garantías constitucionales al debido proceso: si a un mudo lo esposan por la espalda, no puede expresarse con lenguaje de señas, y si un ciego firma un acta de declaración en una comisaría sin asistencia personal o sin que se haya elaborado en braille, esos procedimientos son nulos.

De la misma forma opinaron Rocío Florentín Gómez, secretaria por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Paraguay, un ente con poco tiempo de desarrollo aún. Consideró que “la asistencia a personas con discapacidad no es un privilegio ni un beneficio sino un derecho básico necesario”. Alejandro Zamora, el presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de Venezuela, se expresó en consonancia con esas declaraciones.

Antonio José Ferreira, secretario de Promoción de los derechos de las personas con discapacidad de Brasil, leyó su alocución en braille e interpeló constantemente al público para percibir su atención a la exposición. El representante es ciego, y se manejó durante las dos jornadas con un bastón y la ayuda de una asistente. Contó el caso de una abogada brasileña que llegó hasta la Corte en su reclamo de poder presentar sus escritos en papel, dado que el sistema digital de administración judicial no tiene ninguna previsión para personas con esas discapacidades. En el máximo tribunal brasileño le negaron esa posibilidad argumentando que lo que solicitaba “era un trato privilegiado”. Con ese ejemplo, concluyó: “Tenemos muchos desafíos por delante”.