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“Ella vino con su historia y eso nos enriqueció la vida”, cuenta una pareja que adoptó a una niña cuando tenía nueve años y disfrutan hoy de un proyecto en familia. El testimonio fue recuperado y es compartido en jornadas organizadas por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos del Ministerio de Justicia y Derechos, que busca revertir la estadística que indica que entre las 7000 familias inscriptas el 92% están en el listado con el fin adoptar a niños o niñas de hasta un año de edad, y de estos sólo un 17% lo harían si el niño tiene alguna patología.

“Lo que hace falta es difundir esa realidad, explicar que la finalidad de la adopción es resolver la situación de un niño y no la de un adulto. El derecho a tener una familia es un derecho de los niños, niñas y adolescentes”, dijo a Infojus Noticias Gustavo Herrero, director del registro que, creado en 2004, concentra los datos de aspirantes a guarda en veinte provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó luego que “a los adultos el Estado les debe garantizar un proceso transparente y ágil y acompañar a las familias que deciden adoptar a un niño más grande o con alguna patología o a un grupo de hermanos”.

―¿Qué revelan los datos que concentra el registro?

―De los casi 7000 postulantes que tenemos inscriptos, 6500 quieren un bebé.  Y si hubiera 6500 bebes para otorgar en adopción en este momento en el país, estaríamos en una situación más que crítica. Esto muestra que tenemos un grupo importante de niños para los que es difícil conseguir familia. Esta posibilidad se reduce mucho a partir de los seis años, a partir de los 10 es mínima y en los adolescentes es prácticamente cero. Lo mismo ocurre cuando hay grupos de hermanos y también es complicado encontrar postulantes para chicos con alguna patología.

―¿Es importante revertir esta tendencia? ¿Cómo se trabaja para eso?

―Lo que hace falta es difundir esa realidad, explicar claramente que el derecho a tener una familia es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y hay que acompañar a esas familias, brindarle apoyo y acompañamiento técnico durante la etapa de vinculación, la de guarda y con posterioridad a la sentencia de adopción.

―¿Cómo se realiza este acompañamiento?

―Por ejemplo, un matrimonio de Buenos Aires adoptó a dos hermanitos de Salta, de 9 y 11 años, y esos chicos venía de atravesar situaciones complejas. Se los acompañó para que las pudieran sortear, ahora tiene 13 y 15 años y están muy bien. En ese caso, cuando se inscribieron él quería un bebé, pero ella estaba abierta a adoptar chicos más grandes y ese fue un proceso. En otro caso, trabajamos con una familia de Santa Fe que el año pasado inicio la guarda de cuatro hermanitos de dos a siete años, que ahora están tramitando el juicio de adopción. En ese caso, el proceso de vinculación fue largo. Viajaban todos los fines de semana a Buenos Aires, y se quedaban para compartir tiempo con los chicos; desde el ministerio se colaboró económicamente con los viajes y el alojamiento y se los vinculó con el registro en su provincia para seguir ese trabajo.

―¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y otros actores sociales?

―En relación a la adopción sigue la idea de que es una solución para aquellas personas que no pueden tener hijos biológicos. Y está el mito de que los Hogares están llenos de niños para ser dados en adopción y que alguien los retiene, cuando en realidad se está trabajando para re vincularlos con sus familias de origen. Desde algunos lugares vinculados a la niñez también se promueve que la gente se acerque y que empiecen a vincularse con los niños, y eso está terminante prohibido por la ley, y mucho más con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial.

―¿Cómo se cambia esto?

―Hay que trabajar desde los registros de adoptantes, desde las áreas de niñez de cada una de las provincias y también desde la Justicia. Es necesario que no se alimente o facilite la llegada a la adopción por ejemplo, avalando entregas directas que luego se transforman en guardas pre adoptivas. La justicia debe dar señalas claras y alejar al niño de ese núcleo, y no hay que temer en cuánto a qué efecto puede tener en el niño esa separación.  Lo que hay que temer es qué efecto puede producir en el niño, a futuro, ese inicio viciado de vínculo con la familia. El nuevo Código es muy elimina el contractualismo, sin importar si es oneroso o gratuito. Porque si yo me manejo desde un contrato, entonces no estoy respetando su rol de sujeto derecho.

―¿Hay bandas delictivas lucrando con esto?

― Sabemos que existen pero es muy difícil detectarlos y neutralizarlos, porque en muchos casos tienen apoyo y anclaje en instituciones públicas, son situaciones encubiertas. No llevan registros. En ese punto es clave la existencia de un tipo penal que persiga estas prácticas. En esos casos debería tenerse en consideración la situación de los padres biológicos del niño, que generalmente están en una situación de vulnerabilidad cuando esto pasa. La persecución penal debería ir fuertemente a los intermediarios y también con los funcionarios ya sean judiciales o de las áreas de niñez que permiten, facilitan o alientan este tipo de prácticas.

―¿El nuevo Código Civil pone un coto?

― El nuevo Código lo que exige es que las familias que quieren adoptar estén en un registro, no habla de la inscripción en el registro único. Se avanzó en las gestiones para la adhesión de Santiago del Estero, y se está trabajando en las de Formosa y Catamarca, que son las tres jurisdicciones que están faltando. La intención es darles prioridad a los niños de cada provincia para que se queden con los postulantes de esa provincia, recién agotada esa búsqueda se extiende primero a la región, y luego al resto del país. En el registro la inscripción es gratuita y si forma parte del registro único es válida para el resto de las jurisdicciones. A tal punto que si una persona se muda de una provincia a otra se le respeta la fecha de inscripción, el número de validación, y no pierde ninguno de los beneficios que logró al inscribirse.