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Pedro David es juez de la Cámara Federal de Casación Penal y juez del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Fue el encargado de presidir la mesa “El delito y la violencia en América Latina”, que se desarrolló hoy en el II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, en la Universidad Nacional de La Matanza. “Estamos asistiendo a una transformación profunda de la violencia”, señaló el magistrado.

“En un escenario donde la ONU ha recorrido el mundo para implantar los derechos humanos fundamentales en América Latina, los Estados siguen estableciendo pautas de violencia inclementes o apoyando organizaciones delictivas de enorme poder”, expresó. El juez transitó algunos de los casos más desgarradores que debió juzgar, y habló de “el rol de los tribunales y el desamparo de las víctimas”. “Igualdad y justicia nacieron como sinónimos en la antigua Grecia, pero en América Latina la Justicia es una careta sin carne”, expresó David.

El segundo orador fue Fernando Tocora, de Colombia, ex magistrado del Tribunal Superior de Buga y tratadista del derecho penal colombiano. “Se nos ha asignado un tema que está muy en boga: el de la inseguridad y la violencia en nuestras ciudades”, empezó. Tocora recorrió algunos de los flagelos más desgarradores de la realidad latinoamericana: ciudades divididas por las pandillas de narcotraficantes, niños asesinados por exceder su “territorio” y circulación de armas y drogas.

Tocora apuntó a las políticas para combatir el narcotráfico: “Los movimientos sociales advirtieron del absurdo de la política prohibicionista y satanizadora de la droga. El crimen organizado hizo sus grandes réditos y produjo grandes daños en el campo de los derechos humanos”. El expositor describió lo que para él es uno de los problemas principales: los Estados débiles. “La primera circunstancia por la cual nuestros Estados terminan siendo vulnerables es la penetración que permiten los mismos agentes del Estado: policías, investigadores, funcionarios del Ejecutivo y de los controles aeronáuticos”, expresó. Y reconoció una circunstancia desalentadora: “Hoy el Estado no tiene la fuerza suficiente para luchar contra las organizaciones criminales.”

El uruguayo German Aller, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y secretario del Instituto Uruguayo del Derecho Penal, analizó el uso de la violencia en manos del Estado desde un punto de vista crítico. “Debe ser una excepción, y ojalá algún día sea una rara avis. Es mala la violencia, la del Estado y la del delito, la intrafamiliar, etcétera”. Aller puso en la balanza los dos extremos: “Sabemos que ha aumentado la violencia en general, pero también sabemos que bajo su lema se justifican acciones punitivas e intromisiones a la privacidad, legislación autoritaria y políticas del terror”. “A la par que hay violencia, en la región existe un fuerte ideal de libertad. Latinoamérica es la tierra del futuro. La democracia no puede ponerse en juego aceptando ningún tipo de autoritarismo”, concluyó.

Criminología de la intolerancia

La panelista que despertó ovaciones fue Rosa Mávila León, congresista de Perú, directora académica y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Hay un saldo y una memoria histórica que rescatar a lo largo del desarrollo de nuestros países, que nos teñimos de sangre o que tuvimos corrupción sistémica desde el corazón mismo del Estado”, expresó, y advirtió que “la criminología de la intolerancia y el proyecto de una democradura o una dictablanca, implícitos en el ordenamiento penal, están a la orden del día”.

Mávila llevó el debate al plano de la seguridad ciudadana del día a día y consideró que los individuos “no tienen confianza ni en la policía ni en la Justicia criminal”. Planteó un horizonte claro: “Yo siento que cuando el ciudadano de América Latina vea que las políticas públicas van a garantizar, de verdad, la seguridad física y la circulación, sí se van a comprometer en un proyecto comunitario con participación real”.

“Es hora ya de que repensemos”, dijo la penalista que, llevó la discusión por la violencia al corazón de la teoría del delito: “El principio de antijuricidad tiene que estar evidentemente permeado por un balance discrecional de los jueces, donde se aplique un raciocinio ponderado del principio de culpabilidad. Sino, en nuestros países buena parte de nuestros jóvenes van a estar encerrados.”  “Está vivito y coleando el derecho de la Edad Media”. “No basta con la ilusión de la pena”, remató Mávila.

La sucedió Juan Pegoraro, titular de la cátedra de sociología del Instituto Penal, investigador del Instituto Gino-Germánico y director de la revista “Delito y Sociedad”.  Tocó un tema no abordado hasta el momento: la constitución de paraísos fiscales. “Es una forman de delito económico que se viene ampliando constantemente”, dijo. Y planteó la necesidad de que el derecho penal comprenda y abarque esta modalidad delictiva. “¿Y por qué es difícil de probar? Por los nexos sociales que establecen estos tipos de delitos: la familia, la secretaria, ejecutivos de empresas, etcétera”, señaló.

“El delito es una forma de control social”, dijo el alemán Hans Jorg Albrecht, titular del Max Plang de Philisburgo y del Instituto de Criminología y Derecho Penal de Alemania. Planteó una perspectiva diferente al decir que son pocos los datos que relacionen la violencia con los mercados de droga. “Se necesita más investigaciones comparativas para ver cómo aparece la violencia como forma de represalia en Latinoamérica”, expresó, y señaló que existe una incertidumbre sobre cuáles son las consecuencias de esa violencia.