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Una niña fue inscripta en diciembre en un jardín del barrio de Almagro, ubicado a seis cuadras de su casa, y el trámite online le fue confirmado. La madre estaba conforme, ya que por un problema motriz no puede trasladarse con su hija grandes distancias. El 13 de enero le informaron que la vacante le había sido revocada. Desde el Ministerio de Educación tampoco le ofrecieron una alternativa en otro establecimiento. Le dijeron “que este año no sería posible darle una vacante”. La mujer presentó un amparo para que le restituyeran la plaza otorgada inicialmente y el Juzgado N°15 de la Ciudad ordenó una respuesta en tres días.

Alejandra padece un problema en la columna. Su espina dorsal es bífida, una malformación genética relacionada con la falta de ácido fólico en los primeros meses del embarazo, lo que causa pequeños defectos en las vértebras y las vuelve delicadas. No puede caminar muchas cuadras ni levantar peso. Vive con su hija de dos años en el barrio porteño de Almagro, a seis cuadras del Jardín Integral N°2 “Jorge Eduardo Coll”, en Hipólito Irigoyen 4238. Es la opción de educación pública más cercana a su casa.

El 9 de diciembre de 2013 se le comunicó el otorgamiento de la vacante, ratificada el 12 de enero de 2014 en el jardín. Alejandra presentó la documentación requerida y el certificado que acredita su discapacidad motora. “Pero al otro día la llamaron por teléfono y le avisaron que lo sentían pero que la vacante le había sido revocada. Que por un inconveniente en el sistema de inscripciones que no especificaron, no podrían cumplir con el cupo asignado”, dijo a Infojus Noticias Germán Fliess Maurer, su abogado.

En ese momento Alejandra recurrió a todos los métodos administrativos de reclamo para que su hija pudiera empezar el primer año de jardín. Hizo reclamos a los organismos vía internet, insistió por teléfono pero no consiguió que le dieran una solución. “Cuando fuimos al Ministerio de Educación de la Ciudad para hacer el reclamo dijeron que no había posibilidad de darle vacante este año. Después de agotar las vías administrativas formales, la respuesta fue tajante: ‘Este año no van a tener vacante’, como diciendo bueno, vayan a un privado”, contó Fliess Maurer, que además de ser el abogado del caso es el tío de la niña.

Decidieron presentar una acción de amparo para que se le devuelva a la niña la vacante, teniendo en cuenta la legislación vigente que otorga prioridad a  los niños con domicilio en el área de la escuela y el derecho de toda persona con discapacidad a que se remuevan los obstáculos que impidan el  desarrollo de  una vida plena. “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio, desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”, dice un párrafo de la Constitución porteña incluido en la demanda y muy citado en los últimos meses, debido al nuevo método de inscripción online por el que 9 mil vacantes corren peligro.

El Juzgado N°15 de la Ciudad hizo lugar al amparo y ordenó a la Ciudad a que arbitre medidas para garantizar una vacante a la nena en la sala de dos años del jardín Jorge Eduardo Coll. En el fallo se dicta que el “GCBA deberá informar al Juzgado acerca del cumplimiento de la medida cautelar dispuesta en un plazo de a tres (3) días”, que se cumplen hoy.  

El 26 de febrero habrá una sesión especial en la Legislatura porteña para tratar los proyectos presentados a fin de resolver el problema de la falta de vacantes, además de proyectar una solución edilicia más sólida que las aulas container y durlock. Además harán un pedido de interpelación para llevar al ministro de Educación Esteban Bullrich a dar explicaciones en el recinto el 28 de febrero.

El juez Osvaldo Otheguy, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8, intimó al gobierno de Macri a regularizar la situación antes del viernes, como plazo extra a una intimación que se había fijado para principios de este mes y a la que el mismo Bullrich se había comprometido en una audiencia el 30 de diciembre.