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El juez porteño Gabriel Vega convocó a una nueva audiencia con los delegados de los ocupantes del predio tomado en Villa Soldati. Los recibió en Tacuarí 138, desde las 9 de la mañana. Fue la tercera reunión que mantuvo con las familias de la Villa 20, que siguen instaladas en el terreno del ex cementerio de autos. De la reunión en el juzgado contravencional porteño participaban el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, el defensor adjunto porteño, Luis Dua Casela, y la abogada Gianna Rodríguez. A las once de la mañana Conte Grand informó a los medios que el juez había pedido el desalojo inmediato del predio. Los partícipes de la toma expresaron su decisión de resistir. 

El operativo debe realizarse en horario diurno. Es la fiscalía quien debe definir qué fuerza de seguridad interviene y cómo se realizará el procedimiento. En la resolución el juez citó como antecedente el desalojo de un predio conocido como "la Veredita", en el cual actuó la policía Metropolitana, en junio de 2011.

Un rato antes, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, indicó que las fuerzas de seguridad nacionales no participarán de un eventual desalojo del predio tomado en Villa Lugano. En declaraciones a radio La Red, expresó que ese desalojo eventualmente debe ser realizado "por la Policía Metropolitana", ya que "la usurpación es un delito transferido a la justicia contravencional, al área de la ciudad, y por lo tanto es una atribución de la policía metropolitana".

Hoy el predio amaneció expectante por las negociaciones. "Estamos como el primer día. Nosotros no molestamos, y la policía y la Gendarmería, no nos molestan. Hoy esperamos que lleguen los baños químicos y el agua potable que nos prometió el Ministerio de Desarrollo Social porteño", dijo Ariel Camacho, uno de los partícipes de la toma, mientras aguardaba que los delegados comunicaran los resultados de la negociación. 

El fiscal Carlos Fel Rolero había pedido el desalojo el martes por la noche, 24 horas después de comenzada la toma y cuando ya cientos de familias se habían sumado a la ocupación. Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, criticó su desempeño por no haberse presentado personalmente cuando se lo notificó de la incipiente ocupación. “Eligió dormir la siesta”, sostuvo. Cuando llegó al predio, en la mañana del martes, la situación ya era irreversible.

El miércoles el Gobierno porteño prometió construir viviendas en el terreno y urbanizar la villa una vez que se retirase la gente, pero la gente no confió en la palabra de los funcionarios de Mauricio Macri, y el acampe continúa.

La ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley, complicó la negociación cuando afirmó: “no damos subsidios en función al pedido de usurpadores”. Agregó que no existe el GCBA no tiene “ningún compromiso con esta gente” y supeditó la posibilidad de sentarse a negociar a que los ocupantes liberen el terreno. En el mismo sentido se pronunció el procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand, que separó la “usurpación” de la adeudada urbanización, y reclamó “la restitución del inmueble”.

Alejandro “Pitu” Salvatierra, referente territorial de la Comuna 8, dijo a Infojus Noticias que estos terrenos “son espacio público sólo cuando llegamos a esta instancia y lo quieren recuperar, pero el resto del tiempo son basurales y tierras abandonadas a su suerte”.

La ley que obliga al Gobierno porteño a realizar esas obras fue sancionada en 2005, pero todavía no se realizó ninguna diligencia para avanzar en su cumplimiento. Una cautelar de la justicia en lo contencioso administrativo mantiene embargados casi 30 millones de pesos de la ciudad por el incumplimiento de las tareas de saneamiento de la tierra. Como durante años albergó el depósito de autos secuestrados por la policía, la chatarra contaminó la tierra con sustancias nocivas para la salud.

Durante la primera noche de la toma, uno de los vecinos de la villa –hijo de una de sus referentes históricas- fue asesinado de tres balazos por uno de los ocupantes, que todos señalan como un “transa”. Osvaldo Soto tenía treinta años. Sucedió en la manzana 29 de la Villa 20. La causa por el homicidio de Soto está en manos de la Fiscalía Nacional Nº 43 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, a cargo de Felisa Elena Krasucki.