Infojus Noticias

En Choele Choel, Río Negro, el frio es inclemente. El jueves amaneció con 8 grados bajo cero. Pero ni las bajas temperaturas frenaron a Gualberto Solano, que por tercera vez en tres años y medio, se encadenó en el edificio de Tribunales, para empezar una nueva huelga de hambre. El hombre es miembro de la comunidad guaraní de Misión Cherenta, en Salta, y dejó su tierra para buscar a su hijo Daniel, desaparecido el 5 de noviembre de 2011, cuando tenía 26 años. La última vez que lo vieron estaba rodeado de policías en la puerta de un boliche de Choele Choel. La causa tiene 22 policías imputados: siete de ellos están en prisión.

La semana pasada, el juez penal Julio Martínez Vivot resolvió elevar a juicio la causa contra estos siete uniformados y los acusó de "desaparición forzada de persona", un delito federal, y se declaró incompetente. El punto es que la causa fue elevada a la Cámara Segunda del Crimen de General Roca, un tribunal provincial. Por su parte la querella, a cargo de Sergio Heredia, exige que se juzgue un "homicidio agravado por ser ejecutado por miembros de una fuerza policial” y la Cámara de Apelaciones le dio la razón. Pero la medida fue recurrida por el fiscal. Por lo tanto el juicio no podrá empezar hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Río Negro defina si el caso debe ser investigado por la Justicia Federal (como pide el fiscal y el juez) o por la Justicia provincial.

“Gualberto se está suicidando y a nadie le importa”, dijo Heredia a Infojus Noticias

El fiscal Guilermo Bodrato hizo un requerimiento de elevación a juicio por “homicidio agravado y/o posibilidad de desaparición forzada”, es decir tomando las dos posibilidades. “Tomé como antecedente el caso de Sergio Ávalos, desaparecido desde el 14 de junio de 2003 en la provincia de Neuquén, dónde la Corte Suprema dispuso que sea juzgado en un tribunal Federal”, explicó a Infojus Noticias el fiscal.

El auto de elevación a juicio, que fue enviado a la Cámara Segunda del Crimen, acusa a los policías Sandro Berthe, Juan Barrera y Pablo Bender como presuntos "coautores" de los delitos de "vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de persona, en concurso real". En tanto que Andrés Albarran, Pablo Quidel y Diego Cuello enfrentarán iguales cargos pero en carácter de "partícipes primarios". Por último el policía Héctor Martínez está acusado como partícipe secundario de esos tres delitos y como autor de "abuso de autoridad y falsedad ideológica". En fiscal explicó que “era necesario resolver la situación de estos policías que están presos”. Mientras tanto sigue instruyendo causas conexas a esta, surgida de denuncias del querellante, por evasión impositiva y trata de personas.

Heredia sostiene que Daniel fue asesinado por encargo de la empresa Agrocosecha Argentina SRL, que tercerizaba el servicio a Expofrut. “Nunca descartamos esa posibilidad, seguimos investigando”, comentó el fiscal a esta agencia.

Daniel había llegado en octubre de ese año desde Tartagal, para trabajar en las plantaciones de manzana del Valle Medio, en la localidad de Lamarque. Viajó en “El Tucumanito”, una empresa de transportes “trucha”, junto a otros indígenas de la Misión Cherenta, convocados por dos punteros de la zona. Solano ya había estado antes trabajando en Lamarque y conocía la zona.

Según la causa la empresa Agrocosecha Argentina SRL se quedaba con gran parte del sueldo de los jornaleros y les sacaban la documentación, para desactivar cualquier reclamo. El 4 de noviembre Daniel cobró parte de su sueldo. Era la mitad de lo prometido, por eso hizo un reclamo. Era viernes y, de todos modos, a la noche fue al boliche Macuba en la localidad de Choele Choel, a pasarla bien.

“Un operativo para matarlo”

“Este grupo de policías montó un operativo para ir a buscarlo. Lo sacaron a los golpes y lo mataron”, sostiene Heredia. De acuerdo con la elevación a juicio, Daniel fue subido a una camioneta de la Policía. La primera parada fue a pocas cuadras, en un “lugar oscuro”. Allí Daniel recibió la primera paliza “con golpes de puño y posiblemente un elemento contundente”, sostiene el escrito. Ya inconsciente, fue subido al móvil y llevado a la zona de Isla 92, cerca de Choele Choel. El patrullero era seguido de cerca por un auto particular, en el que viajaba un civil, empleado del campo al que entraban. El abogado querellante reconstruye los hechos en el lugar en base al testimonio de ese empleado, de identidad reservada. “Le pegaron hasta dejarlo moribundo. El testigo cuenta que llamaron a un médico que lo revisó y les dijo que estaba agonizando y que había que matarlo”, contó. “Ahí mismo le pegaron un tiro en la cabeza con un rifle calibre 22. Ese rifle era mío”, contó el abogado que dijo el testigo.

“También sabemos dónde fue tirado el cuerpo de Daniel –asegura Heredia– Está en un jagüel (un pozo usado para extraer agua) de 80 metros de profundidad, ubicado a 22 kilómetros del pueblo, en un campo llamado La Manuela”. El abogado denuncia que existe una red de complicidades, entre empresarios y autoridades judiciales, que busca evitar el avance del caso. Menciona como ejemplo, la negativa judicial para inspeccionar el fondo del pozo.

Esta semana, luego de elevar a juicio la causa, el juez decidió no hacer lugar al pedido de la querella de incorporar al geólogo Walter Ovejero como perito de parte, para inspeccionar el fondo del jagüel. El hombre fue trasladado desde Salta, con recursos de la querella, pero no podrá ser parte del proceso. Eso motivó la indignación de Gualberto Solano, quien volvió a encadenarse en Tribunales.

En Choele Choel muchas personas abrazaron la lucha de Gualberto Solano y Sergio Heredia, quienes denuncian la complicidad de los estamentos del poder. En los últimos tres años la empresa Agrocosecha cambió de nombre tres veces. El último es Servicios Agrarios S.A. Con ese sello, hace unas semanas se declaró en concurso y abandonó la zona. “Se fugaron de acá porque sabían que los vamos meter presos”, dijo el abogado querellante.

WC/LC