Lucas Puig, 35 años y padre de dos chicos, fue detenido en marzo de 2010. Llega al banquillo imputado de “corrupción agravada de menores”, por el supuesto abuso de dos nenes de 3 y 4 años durante sus clases en un jardín de infantes platense. La comunidad educativa está dividida entre quienes lo apoyan y quienes lo consideran culpable. Puig sigue trabajando en el establecimiento educativo, en tareas administrativas.
En enero, la justicia no se toma vacaciones: en plena feria judicial, habrá juicios. Uno de ellos será inédito y sucederá en La Plata a partir del Día de Reyes: un docente de música del jardín de infantes privado San Benjamín estará sentado en el banquillo de acusados por el delito de “corrupción agravada de menores”. No hay antecedentes de un caso semejante en la historia de los tribunales penales bonaerenses. Con el arranque de las audiencias, se cerrará un proceso que demoró casi cuatro años y que dividió a la sociedad platense como pocas veces había ocurrido antes por un caso judicial.
Lucas Puig, 35 años y padre de dos chicos, fue detenido el domingo 21 de marzo de 2010. Cuatro días antes, la justicia había recibido la denuncia de una madre del jardín de infantes San Benjamín –donde Puig era docente de música-, quien presentó una acusación gravísima: dijo que el profesor de música había “manoseado” a su hija de 4 años y que “le mostró el pito”. “Mi nena le contó primero a mi pareja (Néstor) y después me lo dijo a mí”, relató luego ante un diario local.
Todo sucedió rápidamente. Fue la primera denuncia de dos: la otra fue realizada pocas horas después, cuando los padres de un nene de 3 años –compañerito de la nena- denunciaron que Puig también abusó de su hijo. La fiscal Virginia Bravo consideró suficientes las pruebas y lo procesó por “corrupción agravada de menores”. De inmediato, el juez Guillermo Atencio ordenó su detención. Puig fue acusado por la justicia “de abusar de dos menores de 3 y 4 años durante sus clases en el jardín de infantes de San Benjamín, ubicado en 141 y 57, en Los Hornos”. Puig quedó tras las rejas en la comisaría primera de Berisso y al cabo de treinta días le dieron arresto domiciliario. Dos meses después, le otorgaron la libertad sin restricciones, pero no le retiraron los cargos.
A partir de febrero de 2012, tras dos años de demora en la investigación, la causa se radicó en el Tribunal Oral Criminal I de La Plata (TOC I). Quedó en manos del juez Samuel Saraví Paz, que había dispuesto iniciar el juicio en septiembre de 2015. Pero los abogados del docente, Daniel Apaz y Guillermo Fernández Koenig, apelaron ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense –junto a un petitorio de 1.200 firmas- y el juicio se adelantó para este año. La fiscal será Helena de la Cruz.
Un caso complejo y lleno de interrogantes
Cual si fuera un reflejo de la película dinamarquesa “La cacería” (un drama en el que un profesor de jardín es acusado de abuso a partir del relato de una niña), el caso se convirtió en un melodrama. El docente denunció que uno de los padres denunciantes quiso agredirlo. Un juez –Guillermo Labombarda- se excusó del juicio por ser amigo de una de las partes involucradas y hubo una serie de marchas organizadas por amigos, familiares, padres y compañeros del colegio levantando las banderas de la inocencia del profesor. Otros, en cambio, lo condenaron en cartas de lectores.
Y como si fuera poco, hacia el final se agregó una escena desconcertante: la apertura del juicio en los primeros días de enero, algo que cayó mal en ambas partes, teniendo en cuenta que muchos de los testigos son docentes y posiblemente estén fuera de la ciudad por vacaciones.
En 1997, el relato de un chico de seis años fue el principal elemento de prueba para condenar por violación al portero Rolando Vera Roja. El hecho ocurrió en un colegio primario del barrio porteño de Palermo. El caso marcó un antes y un después. Aunque no hubo prueba de semen ni testigos del hecho y el menor, víctima del delito, se desdijo una vez, la Corte Suprema de Justicia creyó en sus palabras y revirtió una condena absolutoria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal que había considerado insuficientes las pruebas para mandar a prisión al acusado.
Abogados y especialistas en abuso infantil suelen coincidir en que a los chicos hay que escucharlos con debida atención. La psiquiatra infantojuvenil y psicóloga Irene Intebi- autora del libro “Abuso sexual en las mejores familias”- dijo que “los jueces no toman en cuenta los relatos de los niños porque creen que fantasean y son muy imaginativos o mienten. Pero se ha demostrado con investigaciones que tienen capacidad para atestiguar y describir lo que han vivido y que incluso ante situaciones traumáticas –no solamente sexuales– tienen la capacidad para describir detalles a veces con mayor precisión que un adulto”.
Sin embargo, los defensores de Puig –apoyados por una buena parte de la comunidad docente y de los padres del colegio- no creen que los menores que acusan al docente de abuso digan la verdad. “A Lucas primero se lo detuvo y después se lo investigó –explicó Fernández Koenig, uno de los abogados-. Ahora vamos a demostrar la canallada que se originó en la idea de una madre y que fue avalada por la fiscal Bravo sin ninguna responsabilidad, exponiendo a los nenes a un disparate. Las pruebas objetivas lo demuestran. Desde las pericias técnicas hasta las declaraciones testimoniales que se le tomaron a los profesionales del colegio. Todas son concluyentes y coinciden en que ningún menor fue abusado. ¿Alguien piensa que ante la mínima duda Lucas hubiese recibido el apoyo que recibió de los otros padres? Por suerte falta poco para que se sepa la verdad, y quienes dijeron todas esas barbaridades se van a tener que hacer cargo del daño que causaron”.
Para Fernández Koenig, en este caso no son los chichos los que hablan, sino los padres. Para los defensores de la querella, todo lo contrario: creen que Puig irá preso por abusos que resultaron minuciosamente descriptos por los niños.
Las acusaciones
El relato de los padres acusadores es contundente. La madre de la nena, de nombre María Cecilia, dijo que confía a ciegas en lo que contó su hija. Que, según su testimonio, lo pudo corroborar en los cambios bruscos de comportamiento que tuvo la niña tras contarle que fue abusada. “Me dijo que le había visto el pito a Lucas, y que había visto que en ese pito tenía un grano rojo en la punta que se hacía blanco. Yo al principio pensé que Lucas era un compañerito. No lo conocía, pero ella me dijo quién era y me contó también que a veces le besaba la cola y la tocaba con la uña; me contó todo, con detalle, y me dijo que lo que hizo con ella también lo hizo con otras compañeritos. Nunca, ni una sola vez, dudé de lo que me dijo mi hija”, dijo María Cecilia. Y se quejó de que el juez Samuel Saraví Paz haya fijado el juicio para enero, “cuando se sabe que por ahí hay gente que va a estar de vacaciones”.
La niña fue revisada por un médico, que no encontró huellas de un posible abuso. Luego la madre la llevó a una psicóloga, que escuchó el relato de la niña y aconsejó hacer la denuncia. María Cecilia, ex alumna de la institución, no recibió apoyo ni de los padres ni de las autoridades del colegio, quienes tampoco apoyaron a Leonardo y Patricia, los otros padres denunciantes del segundo caso.
Leonardo y Patricia actuaron de la misma forma que María Cecilia. Apoyaron los dichos de su nene sin desconfiar un segundo de sus palabras. Patricia dijo: “El miércoles (17 de marzo de 2010), cuando lo fui a buscar al jardín, la maestra me hizo esperar aparte y me dijo que ese día mi gordo había tenido un ataque de furia al volver del baño. Le había pegado a todos los nenes. La maestra me preguntó si en mi casa las cosas estaban bien”.
Luego contaron que recibieron un llamado telefónico de María Cecilia –a quien no conocían previamente-: les contó que su nena se hacía pis, que pedía bañarse todo el tiempo y estaba muy alterada por las cosas que le hacía Lucas, el profesor de música. Cecilia dijo algo revelador: su hija le había contado que el hijo de Leonardo y Patricia también había sido manoseado por Lucas. De inmediato, hicieron revisar a su hijo, pero tampoco encontraron lesiones ni pruebas de ningún tipo de abuso.
A partir de ese momento, las madres coordinaron realizar dos denuncias por separado –aunque luego la investigación las juntó en un mismo proceso judicial- pero con un objetivo común: acusar a Puig de abuso sexual. En su Facebook, el docente escribió: “Necesito limpiar mi nombre. A mí me humillaron, dijeron lo peor que se podía decir de una persona. ¿Saben hace cuanto que espero este juicio?”.
Ocho meses después de que fuera acusado, Lucas volvió al colegio San Benjamín y desde entonces trabaja cumpliendo tareas administrativas, sin estar en contacto con los chicos pero “muy contento de recibir de ellos y sus padres un apoyo por mi inocencia que se reflejó en las marchas que se hicieron en la ciudad en mi defensa”. Y agregó: “¿Por qué mintieron? ¿Por qué me detuvieron antes de investigar? Me encantaría que la fiscal Bravo pueda estar en el juicio para explicar el desastre que hizo”.
Desde el lunes, acusadores y acusado se verán las caras. Se prevé que el juicio dure un mes, tiempo en el que se oirá el relato de varios testigos (peritos, familiares de los nenes y docentes del colegio, entre otros) y se realizará una inspección ocular del juez y las partes al establecimiento educativo.