El 6 de agosto explotó el edificio del centro rosarino terminando con la vida de 22 personas. Los familares tuvieron que hacer guardia durante horas en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario “M.H. Zuasnabar” (CEMAR) para saber qué había pasado con ellos. De esa espera nació un fuerte lazo que ahora podría tener su correlato frente a la justicia.
El aire era espeso. Los ventanales, enormes; no alcanzaban para oxigenar el ambiente tenso que se respiraba en los dos primeros pisos del edificio de San Luis 2020, en el centro de Rosario. Aunque era agosto hacía calor. El nerviosismo era palpable. La angustia también. Convivían con aspereza la esperanza y la certeza de que la peor de las noticias podía llegar en cualquier momento. En ese gigante moderno de seis pisos donde funciona el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario “M.H. Zuasnabar” (CEMAR), desde la mañana del 6 de agosto hasta la semana siguiente, los familiares de las personas que vivían en el edificio de Salta 2141 esperaron día y noche.
Construyeron un vínculo en base al respeto del dolor del otro por conocerlo en carne propia. Los primeros que recibieron respuestas se fueron a los hospitales a buscar a sus familiares. Los que no, se quedaron a esperar que encontraran a sus seres queridos entre los restos del edificio que voló por el aire por un escape de gas.
La respuesta fue igual para todos. De entre los escombros nadie salió con vida. De esa espera nació un lazo que ahora podría tener su correlato frente a la justicia: los familiares de la mitad de las veintidós víctimas se organizaron y evalúan presentar una querella conjunta. La decisión comenzó a tomar forma después de que la sala IV de la Cámara de Apelaciones de Rosario apartara de la al juez de Instrucción, Javier Beltramone, el segundo magistrado que intervino en la causa que ya tiene seis cuerpos y decenas de expedientes “satélites”.
“Estamos en contacto entre los familiares de diez o doce víctimas. Ya consultamos un abogado para que sea nuestro querellante”, dijo a Infojus Noticias, Claudia Vaio, la mamá de Santiago Laguía, el joven de 25 años que vivía en un departamento del octavo piso del edificio que explotó. Claudia habla de Alicia, la mamá de “Flor” Caterina, la artista de 27 años que murió en la tragedia o de “Debi”, por Débora Fornarese, la hermana de Maximiliano, otra de las víctimas. También de Nora Giraudo, la mamá de “Maxi” Vesco y “Gise”, la hija de Teresita Babini. Las nombra con cariño, con una familiaridad que parece forjada a través de años. Es que los días que compartió con ellas en el CEMAR fueron los más intensos de sus vidas.
Foto: Leo Vaca
Una cadena de negligencias
Maxi Vesco fue la víctima número 15 de la explosión. Tenía 29 años y hacía uno que alquilaba un departamento en el segundo piso del edificio. Le decían “el pelado”, era fanático de Newell’s y trabajaba como corredor inmobiliario. “No estaba nunca en la casa y justo le tocó estar cuando explotó todo”, dijo a Infojus Noticias, Nora. “El dolor de los primeros días no nos dejó ver que necesitábamos poner un abogado que nos representara. Ahora, con la mente un poco más fría, lo decidimos. Tenemos que ver qué averiguó cada uno y decidir cómo vamos a seguir adelante”. Las convocatorias a las reuniones se hacen por la red social Facebook o por teléfono y también convocan a damnificados del edificio. “Hubo una cadena de negligencias, no se puede hablar de tragedia. Hace quince años que había problemas con el gas en ese edificio. Hubo gente que dejó de vivir ahí por eso. No se puede culpar al último infeliz que tocó el caño y voló todo por el aire –por el gasista, Carlos García, imputado en la causa-”, dijo Giraudo.
Durante esos días que compartieron en el CEMAR, mientras recibían atención psicológica, los familiares se contenían unos a otros, compartían alimentos y bebidas que a duras penas los ayudaban a mantenerse en pie. Como un latigazo, escuchaban del hallazgo de un cuerpo y esperaban su identificación. Después llegaba el momento en que las autoridades llamaban a algunos. Les comunicaban la noticia. Dolor para unos y alivio culposo para otros. “Fueron días terribles, tremendos. Así nos conocimos”, recuerda Claudia. Desde entonces se mantuvieron en contacto, se escucharon, lloraron, insultaron juntos. Comenzaron a transitar sus duelos.
“Me parece una excelente decisión”, dijo a Infojus Noticias, la fiscal Graciela Argüelles, la única figura de la justicia que está en la causa desde el primer día, sobre la decisión de los familiares de tener un abogado querellante que los represente en la justicia. Argüelles, reconocida por sus colegas como una de las personas “más preparadas, responsables y trabajadoras” de la justicia rosarina, llegó a la zona cero a los diez minutos de la explosión y conoce todos los detalles de la causa. “Ellos se van a sentir más confiados y tranquilos, porque su abogado los va a orientar, los va a ayudar a presentar pruebas, va a tener una copia de la causa, va a estar presente en las declaraciones –excepto las indagatorias si el imputado no quiere-, acceso al expediente. Porque si ellos se acercan a la fiscalía, yo les puedo explicar, pero no es lo mismo para ellos”, dice esta mujer cuyo trabajo reconoce Claudia. “Siempre nos atendió muy amable y cordial, trabaja mucho desde el principio”.
Una nueva jueza en la causa
A principios de octubre los familiares de las víctimas supieron que la sala IV de la Cámara de Apelaciones de Rosario había aceptado las recusaciones presentadas por las defensas de Litoral Gas y Administradora Calvillo contra Beltramone. Los camaristas Daniel Acosta y Rubén Jukic, votaron a favor del apartamiento del juez por considerar que “no ofrece garantías de imparcialidad”. Carlos Carbone, el tercer camarista de la sala, estuvo a favor de que el magistrado siguiera a cargo en la causa. Desde entonces la encargada de llevar adelante la causa de la explosión es la jueza Irma Patricia Bilotta del juzgado de instrucción n° 10.
La decisión de la sala aceleró la idea de poner un representante de la querella. “Nosotros pedimos un encuentro con los camaristas que pidieron sacar a Beltramone que siempre trabajó bárbaro en la causa. Era capaz de meter preso a cualquier. Tenía espalda para hacerlo”, explica Claudia. Desde la Cámara les dijeron que fueran la mañana del martes 15 de octubre para un encuentro y conocer los motivos.
Fueron, se encontraron en las puertas del palacio de justicia y entraron. Se anunciaron. Tras una larga espera de más de noventa minutos en las que aparecían excusas pero nadie que los atendiera, subieron hasta el tercer piso. Fueron por las escaleras, con las fotos de sus hijos, padres, hermanos, esposos, en las manos o colgadas del cuello. Eran imágenes que los mostraban felices, festejando, en piletas, abrazados a sus mascotas, en unas playas en vacaciones.
En el tercer piso se encontraron con la camarista Carina Luratti que les dijo que había un error, que el vídeo con las imágenes que provocaron la destitución de Beltramone no se podía ver ese día. “Nos trató mal, fue un destrato total. Le refregué la foto de mi hijo por la cara. Le dije ‘vos ves a tus hijos todos los días, yo a este chico –señalando la foto de Santiago- no lo veo nunca más, ¿entendés? Nunca más’ ”. No fue la única que gritó su bronca, otros familiares también lo hicieron.
“No tenemos miedo a nada. Ya no tengo más nada que perder”, dijo Claudia que ese día había recorrido los 270 kilómetros que separan la ciudad de Pergamino donde vive hasta Rosario especialmente para ver el vídeo y saber porque habían tomado la decisión de correr a Beltramone. Esa misma distancia recorría casi todos los fines de semana Santiago, que hace unos años se había instalado en el edificio de Salta para estudiar medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Estaba preparando sus últimos tres finales. Por eso esa mañana estaba en la casa y no cursando.
Foto: Leo Vaca
Justicia para seguir adelante
Un bar que está frente a tribunales fue el lugar donde se sentaron después de la discusión. Eran muchos por lo que juntaron varias mesas, algunos pidieron cafés, otros bebidas frescas. Necesitaban calmarse después del momento que habían vivido. “Del edificio salimos con custodia. En pleno 2013 y nos hacen salir custodiados como si nosotros fuéramos delincuentes cuando lo único que buscamos es justicia”.
Sentados en ese café pensaron cómo seguir. Pasaron de la bronca a la acción y delinearon la estrategia presentándose como querellantes. En la charla surgieron varios nombres de los estudios más renombrados de Rosario. “Tenemos testigos que vivían en el edificio y se ofrecieron a presentar sus testimonios”, dijo Claudia. “También tenemos mucha documentación que demuestra cómo se hizo todo mal, que hubo una cadena de irregularidades. ENARGAS, Litoral Gas, la administradora Calvillo, el gasista que es un pobre perejil, el portero, todos tuvieron algo que ver y tienen que pagar ante la justicia por lo que hicieron”.