Esas fueron las palabras de José D’Antona, el abogado que presenta a Susana Trimarco en el juicio para fijar las penas de los 10 condenados por el secuestro y explotación sexual de su hija, Marita Verón. La fiscalía pidió de 15 a 25 años de prisión.
Los pasillos de los tribunales de Tucumán ya estaba casi a oscuras cuando, poco antes de las 8 de la noche, terminó la primera jornada de debate convocada para fijar las penas que deberán cumplir los 10 condenados por secuestrar y obligar a Marita Verón a prostituirse en La Rioja.
Esta tarde, el fiscal Carlos Sale pidió penas que van de los 15 a los 20 años para los seis riojanos considerados por la Corte provincial como participes necesarios de esos delitos: Carlos Luna, Mariana Natalia Bustos, Domingo Pascual Andrada y María Azucena Márquez, Juan Humberto Derobertisy Cynthia Paola Gaitán.
Antes, había pedido 25 años para José Fernando "Chenga" Gómez y su mellizo Gonzalo José “Chenguita”, y para los tucumanos Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González.
José D'Antona, el abogado que representa a Susana Trimarco, fue menos benévolo: pidió 24 años y 6 meses de prisión para todos ellos.
"¡Marita no desapareció! A ella la secuestraron", dijo D'Antona y explicó que todos ellos están en condiciones de fugarse. Al concluir, también pidió para estos seis imputados la pena de prisión de cumplimiento efectivo.
La fiscalía, por su parte, detalló la actividad realizada por cada uno de ellos en los prostíbulos de La Rioja que regenteaba Lidia "Mamá Lily" Medina, la madre de los mellizos Gómez fallecida en febrero del año pasado mientras se encontraba detenida en una causa por narcotráfico.
Sobre el ex policía Domingo Andrada, dijo que se ocupaba de trasladar a las mujeres desde Tucumán y le avisaba a los proxenetas de los allanamientos ordenados para buscar a Marita. A María Azcuena, Márquez la señaló como la encargada de "cambiar la identidad" de las mujeres que estaban en los prostíbulos. Por testimonios, se sabe que llevó a Marita a cortarse y teñirse el pelo de rubio. Algunas de las víctimas contaron cómo les falsificó el documento.
De Carlos Luna, el fiscal Sale dijo que se presentó como dueño de los locales y mano derecha de Medina. Y a Mariana Bustos la señaló como responsable de ocultar a las mujeres durante los allanamientos. Para todos ellos pidió 20 años de prisión y para Juan Humberto Derobertis y Cynthia Paola Gaitán, 15 años porque consideró que su actuación fue menor.
Después le tocó el turno a las defensas y a los condenados. Los defensores pidieron para todos ellos las penas mínimas y se quejaron por no poder discutir la inocencia de sus representados. Los acusados desfilaron por el tribunal haciendo alusión a los supuesto perjuicios que les trajo este juicio.
El expolicia Andrada dijo que trabaja como chofer de taxi y albañil y su defensora presentó un informe socioambiental para demostrar que es el único ingreso de su familia. Márquez (que la semana pasada fue detenida con más de 2 kilos de marihuana) se definió como ama de casa y dijo que su sustento es la pensión que cobra por un hijo discapacitado.
Antes de que empezara esta audiencia, la hija de Milhein y Rubén Ale, dijo a Infojus Noticias que esperan obtener el beneficio de prisión domiciliaria en esta instancia. Y que apelarán la sentencia hasta llegar a la Corte nacional.
La vocal de la Corte Claudia Sbdar explicó que esa tarea quedará en manos de otra sala o de otra integración en la Corte provincial, recién después de esa resolución el caso puede llegar a la Corte nacional.
La semana pasada la Corte tucumana rechazó la presentación de una de las defensas que pretendió frenar la audiencia que tuvo comienzo hoy, cuestionado el voto de la Corte provincial del pasado 13 de diciembre, cuando estos 10 acusados fueron condenados. "La semana pasada ese recurso extraordinario se rechazó porque todavía el procedimiento no está completo, faltan conocer las condenas", dijo Sbdar a Infojus Noticias.
Mañana la audiencia está convocada para las 09:00hs.