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A un mes de la tragedia más grande de la ciudad de Rosario -y una de las más grandes de la Argentina- la causa judicial por la explosión en la que murieron 21 personas y más de 70 resultaron heridas, ya tiene cinco cuerpos de doscientas fojas cada uno. También tiene decenas de expedientes que, por separado, unifican a las víctimas: lesiones, personas que perdieron familiares y quienes sufrieron daños materiales. La investigación avanza ahora con la etapa pericial y esta semana también brindaron testimonio quienes vivían en las tres torres del complejo de Salta 2141. El miércoles se presentó la primera querellante de la causa. Hoy a las 20 se realizará la segunda marcha del silencio: desde el lugar de la tragedia hasta las oficinas de Litoral Gas, en Mitre y San Lorenzo.

Los últimos días no fueron fáciles en los pasillos de los tribunales rosarinos. Quienes vivían en las torres y las familiares de los que murieron comenzaron a brindar declaraciones testimoniales. El dolor estaba a flor de piel. De quienes hablaban y de quienes escuchaban el horror en primera persona. Entre todas esas declaraciones hubo elementos interesantes que ahora son materia de investigación judicial. Los problemas que había con el gas, quienes fueron a arreglarlo, los inspectores de Litoral Gas a los que varios vieron supervisando esos arreglos.

“En este mes la causa avanzó muy bien. Se logró bastante, más aun teniendo en cuenta la envergadura de lo sucedido y los medios que tenemos para trabajar”, dijo la fiscal Graciela Argüelles a Infojus Noticias. El martes 6 de agosto, cuando sucedió la explosión, Argüelles estaba en su despacho. Sonó el teléfono celular de la fiscalía que le dan cada vez que está de turno. Un policía le habló de lo que había pasado. Ella salió corriendo y atravesó lo más rápido que pudo las 14 cuadras que la separaban del lugar de la explosión. El humo, el fuego y el horror habían invadido la calle Salta, muy cerca del tradicional boulevard Oroño.

Ahí también estaba el juez en lo correccional penal, Juan Carlos Curto. Él tuvo a su cargo la investigación de lo sucedido desde ese martes hasta el 16 de agosto cuando se declaró incompetente. Desde ese día el magistrado a cargo es el juez de instrucción, Javier Beltramone.

En los diez días que tuvo la causa, Curto ordenó la detención del gasista Carlos García y su ayudante Pablo Daniel Miño, a quien excarceló a las 48 horas. Ambos habían sido detenidos el mismo día de la explosión, cuando también se produjeron dos de los tres allanamientos a las sedes de Litoral Gas, la empresa concesionaria cuya responsabilidad es materia de investigación.

Declaraciones testimoniales e informativas también formaron parte de las medidas ordenas por Curto junto con la orden de retirar la válvula de gas para ser peritada por Gendarmería.

La primera medida del juez Beltramone fue la de liberar a García, quien continúa imputado por estrago culposo agravado.

Beltramone también ordenó la contratación de la empresa marplatense GIE Ingeniería, con experiencia en este tipo de trabajos. “Empezó a trabajar GIE y hubo acuerdo entre los peritos oficiales y de las partes (de la fiscalía, el gasista) para que parte de las pericias se hagan en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde pueden estar todos”. “En Mar del Plata se realizarán las pericias de laboratorio e informáticas”, agregó Argüelles.

Cuando se conoció la decisión de Beltramone de contratar a GIE, la defensa de García se opuso por considerar que la empresa tiene vínculos con Techint, accionista de Litoral Gas. Beltramone rechazó el pedido.

Lo que viene

Los trabajos periciales se presentan como una bisagra entre el mes que pasó desde la explosión hasta ahora y el que viene por delante. “Desde el 15 o 16 de septiembre que comienza el desarme de la válvula, lo que va a echar mucha luz sobre lo que sucedió, van a pasar unos 30 días hasta que estén los resultados”.

El mes de septiembre también será intenso judicialmente porque continuarán las declaraciones testimoniales e informativas. Muchas de las víctimas todavía no pudieron declarar. Algunas están fuera de la ciudad, otras con lesiones físicas y muchas otras con problemas psicológicos por lo que tuvieron que vivir.

También se prepararan las nuevas imputaciones. Serían para citar a indagatoria al primer gasista que trabajo en el lugar (y que realizó un arreglo provisorio los días previos a la tragedia. Su arreglo fue artesanal ya que no encontró los repuestos en el mercado porque eran muy viejos) y los dos inspectores de Litoral Gas que verificaron ese arreglo y lo habilitaron. Las tres imputaciones serían ya con los resultados de las pericias en manos de la justicia.

“Este va a ser un mes muy intenso de trabajo, hay muchas pruebas documentales para analizar y es un tiempo importante para estudiar la causa”, dijo Argüelles.