Los jueces lo condenaron por quedarse con el dinero de las mujeres que explotaba en su local. Otros ocho imputados fueron condenados a penas entre dos y cinco años. "La investigación permitió determinar que actuaban como si fuera una empresa", dijo el fiscal.
El juicio por la explotación y la trata de mujeres en un prostíbulo promocionado como “exclusivo” o “de lujo” en la capital mendocina llegó a su fin. Durante el juicio, Sebastián Solé, el principal imputado declaró en varias oportunidades. Contó que en 2008 empezó a buscar un negocio que fuera “rentable y requiriera una baja inversión” y que, “tras un estudio de mercado” advirtió que en Mendoza “no existían lugares en donde los hombres pudieran disfrutar de compañía femenina y tomar algo, que no tuviera aspecto de antro”. Esta tarde, después de un mes de audiencias, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza lo condenó a 10 años por la explotación económica de la prostitución ajena.
Licenciado en sistemas y con un master en negocios, en el debate Solé contó que recurrió al dueño de Cocodrilo Omar Suárez y a Jacobo Winograd, en busca de consejos para acondicionar el local de tres pisos en el centro mendocino. Reconoció que Pymevip era de su propiedad, se refirió a las víctimas como “mis empleadas”, y dijo que se quedaba con el “50% de lo que cobraban”. Mencionó además que en algunas oportunidades cerró el local para clientes “vip”, entre ellos, un grupo de “cónsules” y para los jugadores de un seleccionado extranjero que participó de una Copa América.
La fiscalía federal, encabezada por Fernando Alcaraz yPatricia Santoni, y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) habían pedido para Solé una condena a prisión, de 12 y 14 años respectivamente. Los jueces Alejandro Waldo Oscar Piña, Oscar Alberto Hergott y Daniel Antonio Petrone lo condenaron a 10 años por la explotación de más de 30 mujeres que, sin trabajo, sin estudios o por la enfermedad de un hijo al que criaban solas, terminaron sometidas por los hombres que concurrían al prostíbulo que llamó Pymevip.
El caso involucra además a un agente municipal, dos ex policías federales, a un médico ginecólogo acusado por practicar abortos a las mujeres prostituidas y a otras seis personas. Entre ellos, la encargada de administrar el local, Paola González Lagos, condenada a cinco años. Y el gerente, Cristian Prado, a tres años y seis meses como partícipe necesario. Para Gonzáles Lagos la fiscalía había pedido una condena de ocho años y seis meses de prisión; mientras que para el gerente, en coincidencia con la querella, pidieron ocho años.
El tribunal también ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba Pyme Vip y los dos millones de pesos, computadoras, celulares y demás bienes muebles secuestrados durante la investigación.
La complicidad de los conserjes y otras investigaciones
“La investigación nos permitió determinar que actuaban como si fueran una empresa”, dijo el fiscal Alcaraz a Infojus Noticias cuando comenzó el debate. Y explicó que gran cantidad de mujeres eran explotadas en el local, que “estaba abierto las 24 horas” y “ofrecía habitaciones” en pleno centro mendocino. Otras mujeres iban a las habitaciones de los clientes de los lujosos hoteles que rodean a Pymevip; la investigación por estos hechos, conocida como “la causa de los conserjes”, tramita en otro expediente que aún está en instrucción, convalidado hoy por el tribunal en la sentencia.
No es ese el único expediente que se desprende de esta investigación. Otra causa, en la que la UIF actúa como querellante, apunta a determinar cuáles y cuántos fueron los bienes “adquiridos y administrados por la organización criminal, en principio, entre 2010 y 2013”, confirmó el fiscal Alcaraz. Los abogados de la UIF, Alejandro de Dios Montiel y Alberto Mendoza explicaron a esta agencia que, en ese plazo, la organización encabezada por Solé acumuló una facturación millonaria, compraron rodados y una gran cantidad de inmuebles, entre los que, por ejemplo, hay un edificio de seis pisos en el centro de Mendoza.
En otro expediente, informó la UIF, se investiga la complicidad de los dueños de Yacopini motos y Yacopini Süd. “Más de 30 autos que usaba Solé, están a nombre de esta concesionaria, una de las más grande de la provincia”, dijo de Dios Montiel. “Se quedaban con el 08, la titularidad del automóvil, a nombre de la concesionaria, pero hacían la cédula verde que autorizaba a Solé y a miembros de su organización a utilizarlos”, completó Mendoza.
El médico y los policías
Durante el debate, una de las mujeres contó que después de haber sido violada por un cliente, en una de las habitaciones del prostíbulo, quedó embarazada. No llegó a tocar el botón anti pánico que había en cada habitación y los hombres de seguridad, el jefe Emiliano Salinas, y los empleados Sergio Carbelli Guzmán y Saúl Segura Godoy, no llegaron a auxiliarla. Esta tarde, los tres hombres fueron absueltos.
A los cinco meses, dijo la joven, se dio cuenta que estaba embarazada. Dijo, que enterados Lagos y Solé le recomendaron abortar, porque no iba a poder “trabajar” y necesitaba la plata para vivir. La indicaron que fuera a ver al médico Osvaldo Pastorino, que le pidió 2.500 pesos para hacerle el aborto. Ella tenía 500, el resto del dinero se lo facilitó Solé.
El mismo día que le hizo el aborto, cuando salió, llamó Gustavo Torres, el hombre que se pretendía su pareja y la explotaba sexualmente en Pymevip. Le pidió ir a comer un pancho atrás de la terminal, pero cuando se encontraron la golpeó terriblemente. Terminó con una hemorragia y, aunque llamó insistentemente, Pastorino la abandonó a su suerte. Por estos hechos, el médico fue acusado, y la UIF le pidió una pena de 8 años de prisión y 16 de inhabilitación. El tribunal lo condenó 2 años de prisión, 4 de inhabilitación por el delito de aborto.
A Torres lo acusaron de ejercer todas las formas de violencia posible en contra de su pareja, y en el momento de pedido de pena citaron especialmente la escucha telefónica donde “le reprocha haber gastado dinero en comer”, y la amenaza después de decirle que él le enseño a ganar dinero por “lo que antes hacías gratis”. Y lo condenaron a cinco años de prisión.
El juicio, que llegó a su fin esta tarde, involucró además a un agente municipal Raúl Cuquejo y a dos policías federales, Ángel Arias Ibáñez y Nelson Bravo Cortez. Los tres estaban acusados de cobrar coimas para que el local no fuera inspeccionado, y menos clausurado. En su agenda Solé tenía anotados los pagos: “Cuquejo muni: 2500” y “pagar polis” o “pagar azules: 2500”. En la acusación fueron considerados partícipes secundarios por el delito de trata y autores de cohecho. El empleado municipal y los policías fueron condenados cohecho a dos años e inhabilitación perpetua.
El prostíbulo en las redes
El local funcionaba a la vista de todos. Tanto Solé como la marca Pyme Vip tenían un alto nivel de exposición en las redes sociales y, según dichos del propio Solé, publicitaba su actividad en medios gráficos, radiales y televisivos, entre los que mencionó el programa Animales Sueltos y la radio Rock & Pop. La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Chantal Stevens, se encargó de estudiar este aspecto y durante el debate presentó un detallado informe.
La oficina de monitoreo puso el foco sobre estos avisos cuando recibió una denuncia, a través del ministerio de Seguridad Nacional, y además de lo publicado en las redes, en sus registros encontraron un aviso publicado en el diario “La Voz del Interior” de Córdoba, el 2 de julio de 2012: “PROMOTORAS p/Mendoza c/ Experiencia. Bailarinas18 a 25 años buena presencia pagamos pasaje y casa. Sueldo 9.000 Tel XXXX infopymevip.com”.
El 9 de abril de 2013, pocos días antes que el fiscal Alcaraz pidiera el allanamiento del local y del domicilio de Solé anunciaban a través de las redes sociales: “Martes fantasía de secretarias VIP!!!”. La cuenta de Facebook del local tenía 60 seguidores y 395 amigos, entre los que figuran contadores, operadores de radios locales, docentes de colegios secundarios y de las universidades de Mendoza y de Cuyo, ingenieros en minas y empleados del poder judicial.
El prostíbulo, además utilizaba el sitio web como medio de promoción y contacto. Por ejemplo: “PYMEVIP el 12 marzo, 2012 a las 2:42 dijo: “Hola nikita trabaja para nosotros en bs. as. Avisamos atravez del sitio cuando esta aca. Solo salidas significa que solo hace hoteles o domicilios”; y varios más del estilo. Otro dato, destacó Stevens, es como eran mencionadas las mujeres en la web del local:
—¿Cuándo vuelves Luz?, preguntaba uno de los hombres dispuesto a pagar someterla sexualmente.
—Ya está en su horario normal, respondía un anónimo o anónima. Y, ante otra consulta, la repuesta era similar: “a partir de las 18 la encontrás seguro, está full time ella”.
Por último, la oficina detectó a través de foros de ‘cliente’, donde comentan como usan el cuerpo de las mujeres prostituidas, e hizo saber en el juicio, la posible existencia de otro local conocido como Pymevip II, que podría pertenecer al mismo dueño. Algo que será objeto de otras investigaciones.