La causa judicial por la explosión del edificio rosarino que explotó el 6 de agosto, que terminó con la vida de 22 personas y dejó más de setenta heridos, avanza con fuerza y busca establecer la cadena de negligencias previas al escape que originó la tragedia.
Noviembre es un mes clave para la investigación judicial que intenta establecer las causas y responsables que provocaron la mayor tragedia de la historia de Rosario. Varios funcionarios de Litoral Gas, la empresa concesionaria de gas en la zona, ya fueron notificados para que se presenten a declarar de forma indagatoria. La decisión no es menor y es consecuente con la hipótesis que desde el principio marcó la fiscalía a cargo de Graciela Argüelles: la empresa tiene algún tipo de responsabilidad en la explosión y el gasista Carlos García es “el último eslabón de una cadena de negligencias”, como se sostuvo desde el primer momento.
La semana próxima la justicia recibirá los resultados de los peritajes realizados por la empresa GIE Ingeniería para que realice el análisis de los materiales recuperados en el edificio de Salta 2141.
Argüelles es la única funcionaria judicial sigue la causa desde el primer momento. Llegó a los 10 minutos de la explosión, cuando la cuadra era un hervidero. Allí se encontró con el juez en lo correccional penal, Juan Carlos Curto, que intervino durante los primeros diez días y luego se apartó por considerar que excedía su competencia. Luego fue el turno del juez de instrucción Javier Beltramone, que fue recusado por las querellas de Litoral Gas y la Administradora Calvillo, a cargo del consorcio del edificio, por considerar que en declaraciones mediáticas había cometido prejuzgamiento. Ahora es el turno de la magistrada Irma Patricia Billota. Desde su llegada, la causa avanzó en la dirección propuesta por Argüelles, una profesional que goza del respeto de colegas, familiares de víctimas y sobrevivientes. “La causa se está moviendo muchísimo. Recibimos informes médicos, acreditación de víctimas, indagatorias, testimoniales, informativas., dijo a Infojus Noticias, Argüelles. “La jueza hizo lugar a los planteos de la fiscalía que vive con satisfacción la concreción de acción hacia la empresa. El ocho de agosto presentamos un escrito diciendo que no podía ser obra de una sola persona y que había que orientar la investigación hacia la empresa”.
“Hubo acciones anteriores a García que posibilitaron su actuación. No son todas las responsabilidades iguales, pero todas fueron posibilitando que él sea el último eslabón de esa cadena de negligencias”.
Entre otros informes, la semana pasada la fiscal recibió uno del Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) en el que se notificaba que entre 2009 y 2012 Litoral Gas había sido sancionado en veintidós oportunidades.
Quienes están imputados en la causa y volvieron a presentarse hoy a indagatoria fueron dos de los responsables de la Administradora Calvillo. Antes, habían hecho uso de su derecho a guardar silencio aunque habían adelantado que declararían tras el apartamiento de Beltramone.